La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado una querella penal ante el Ministerio Público por el delito contra la seguridad informática y la propiedad intelectual en perjuicio de la institución, tras detectar una serie de "cobros paralelos" que afectan la recaudación de impuestos.