Hace más de doce años que se publicó la Ley Orgánica 1/2004, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, más conocida como “Ley de Violencia de Género” o abreviadamente como “ley integral”. Doce años en los que, si bien el número de mujeres asesinadas ha descendido moderadamente, no lo ha hecho en la medida en que todos hubiéramos esperado y deseado. Aunque no se puede dejar de reconocer la dificultad de hacer un balance real de la evolución de estos delitos, dado que las estadisticas que lo tratan de modo separado no existen hasta 2003. Por ello, es muy difícil establecer con datos fidedignos cuál ha sido la evolución de la violencia de género a partir de la entrada en vigor de dicha ley. No obstante, si se pueden aventurar algunas conclusiones. La primera de ella, por desgracia, es que la violencia de género ni ha cesado ni tiene visos de hacerlo a corto o medio plazo, y que las medidas puestas en marcha han sido a todas luces insuficientes. Otra cosa es desentrañar las razones por las que así ha sido. No deja de ser llamativa una paradoja que se da en relación a esta materia. Siendo como es una de las pocas leyes aprobadas por todos los partidos del arco parlamentario de entonces, sigue siendo una de las más contestadas, tanto por un extremo como por otro. De un lado, están quienes denostan la regulación y el espíritu de la misma, partiendo de diferentes premisas que en algunos casos no pasan de ser mitos repetidos una y otra vez como si se tratara de verdades absolutas. Cualquiera ha podido leer hasta la saciedad argumentos negacionistas, que parten de la base de que la violencia de género no existe como tal, y que es una simple modalidad de la violencia doméstica que no merece un tratamiento diferenciado y, llevando hasta el extremo este razonamiento, cuestionan la ley porque a su juicio discrimina al varón respecto de la mujer.