Organizaciones civiles, campesinas, y congresistas colombianos pidieron al gobierno restituya al Estado la explotación de los pozos petroleros del país que están en manos de empresas extranjeras. La violación constante de los derechos humanos, la creación de milicias particulares, el desplazamiento forzado de las regiones donde operan y el deterioro del medio ambiente, provocaron esta solicitud.