Activistas y pobladores del departamento Alta Verapaz, en Guatemala, denuncian que las empresas que llegan al país para presuntamente construir presas hidroeléctricas, mienten y en lugar de eso se dedican a la minería. Se han documentado casos de violaciones a los Derechos Humanos, trata de personas y aumento de zonas de prostitución alrededor de los sitios donde operan los consorcios.