Las comunidades indígenas de Colombia calificaron la detención del líder originario, Feliciano Valencia, como una violación a los derechos humanos. Aseguran que la captura y condena de Valencia es apenas el comienzo de una estrategia para acabar de expulsar a los originarios que hoy resisten en sus territorios frente a las empresas transnacionales que necesitan dichas tierras para la megaminería y proyectos que van contra la soberanía alimentaria de todo el país.