La aprobación de la iniciativa que privatiza el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano, llamado Pensionissste, tiene como finalidad convertirla en una empresa que administre las aportaciones de 4.5 millones de empleados. Cobrará comisiones, no recibirá recursos presupuestales, la Secretaría de la Función Pública —organismo que supervisa al gobierno— no podrá controlar, revisar ni verificar a la nueva entidad, entre otros.