La aprehensión —y petición de extradición a España— de 4 militares implicados en el asesinato de sacerdotes jesuítas perpetrados en 1989 divide a distintos sectores en El Salvador. El gobierno y partidos políticos, así como el sistema de justicia, declaran que no se violan los acuerdos de paz, ni la ley local; en cambio ex generales y ex coroneles han rechazado esa versión arguyendo que los miembros castrenses ya fueron juzgados o amnistiados o sentenciados por tales delitos, y es "inadmisible" que se les pretenda llevar a juicio de nueva cuenta.