El gobierno de la Revolución Bolivariana ha confirmado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y dentro de su país, con el Plan Nacional de Derechos Humanos, su compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y del mundo. En cambio miembros de la oposición de la nación suramericana se empeñan en aprobar una ley que ellos denominan de Amnistía —descrita por analistas y gobierno como "criminal"—, que liberaría a simpatizantes que han cometido diversos delitos y que permanecen privados de libertad.