Organizaciones de derechos humanos y sociales de México exigieron al gobierno de Honduras que cancele la retención migratoria del ambientalista Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Según las organizaciones civiles, el activista mexicano colaboró plenamente con las autoridades hondureñas y, por lo tanto, no existen motivos para retenerle en ese país.