Organizaciones ambientalistas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador denunciaron ante la Asamblea Nacional los efectos nocivos en la salud por el uso de agrotóxicos en la industria cañera. Muchas familias campesinas viven en los linderos de las plantaciones de caña, lo que los expone a las fumigaciones de estas sustancias.