Dos gigantecos rascacielos de Benidorm van a quedar reducidos a escombros. La Justicia acaba de ordenar a la Generalitat valenciana el derribo de dos edificios construídos en zona protegida y no va a salir precisamente barato: 72 millones de dinero público, por demolerlos e indemnizar a los propietarios de 168 apartamentos de lujo.