La Corte Suprema de Justicia de Argentina avaló la realización de sesiones parlamentarias no presenciales, solicitada por la vicepresidenta Cristina Fernández. A pesar de que la sentencia rechaza la acción declarativa de certeza dispuesta por Fernández, el fallo reconoce la autonomía del Senado para interpretar su propio reglamento y decidir los mecanismos para deliberar y votar. El pedido de la vicepresidenta busca debatir un proyecto de impuestos a las grandes empresas planteado en el contexto de la emergencia sanitaria con el fin de generar fuentes de ingresos adicionales necesarios.