El gobierno de facto de Bolivia anunció nuevos procesos judiciales contra el expresidente Evo Morales y dirigentes sindicales por la masiva marcha en contra del aplazamiento de las elecciones. Un tuit del exmandatario en respaldo a las demandas populares sería utilizado como 'prueba' para imputar delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado.