La Comisión Europea plantea que el modelo de la excepción ibérica que permite a España y Portugal poner un techo al precio del gas utilizado para generar electricidad se extienda al resto de la Unión Europea con un tope de entre 100 y 120 euros el Mwh, un límite más suave que la media de 60 euros del marco hispanoluso; un paso con el que estima un beneficio neto de 13.000 millones de euros para el bloque.