Ante la aprobación en Ecuador del decreto 730, que declara al terrorismo como una amenaza para el Estado, se autoriza a las Fuerzas Armadas llevar adelante operaciones contra el terrorismo, como parte de una estrategia para poner fin a la ola de violencia que sacude al país. Las organizaciones sociales expresan preocupación debido a la ambigüedad a la hora de determinar quiénes son terroristas.