Diana Salazar renunció como fiscal general de Ecuador, tras una gestión (2019-2025) marcada por acusaciones de parcialidad. Criticada por abrir o archivar casos según afinidades políticas, como el caso FLOPEC contra el expresidente Guillermo Lasso, cerrado pese a evidencias. Ahora asume como embajadora en Argentina, en medio de cuestionamientos por servir a intereses del gobierno y grupos de poder.