La desregulación de Milei profundiza su política de "motosierra" contra el Estado, con efectos inmediatos en la marina mercante y potenciales consecuencias estratégicas en el Atlántico Sur. Los críticos ven como otro paso en el desguace del Estado argentino y una entrega a intereses extranjeros, lo que restringe el derecho a huelga y genera críticas por su impacto en el empleo local.