En Guatemala, el recuerdo de las desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno sigue vigente. Familiares de más de 45,000 víctimas exigen al gobierno de Bernardo Arévalo la apertura inmediata de archivos y destacamentos militares, junto con la aprobación de la Ley 35-90, para iniciar una búsqueda integral de sus seres queridos.