En El Salvador, diversas organizaciones sociales presentaron ante la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Congreso, que autorizan la reelección presidencial, extienden el mandato a seis años y eliminan el balotaje. Consideran que estas modificaciones violan la Carta Magna y concentran poder de manera antidemocrática, generando una grave crisis institucional en el país.