En Perú, diversas organizaciones sociales y políticas han alzado su voz para denunciar que el gobierno está impulsando medidas que representarían un grave retroceso en materia de derechos humanos. Según las denuncias, estas acciones tendrían como objetivo allanar el camino para exculpar a la presidenta designada, Dina Boluarte, por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 50 personas durante las protestas masivas en su contra y contra el Congreso de la República.