Colectivos juveniles y organizaciones sociales que se manifestaban de forma pacífica en contra de la reforma del sistema de pensiones por el gobierno de Dina Boluarte fueron reprimidos por las fuerzas por la Policía Nacional. El hecho ha desatado una ola de críticas ciudadanas, que cuestionan no solo la intervención política en el uso de la fuerza, sino también lo que percibe como un mal manejo de la lucha contra la inseguridad.