El gobierno de Mulino instaló la Mesa del salario mínimo que debe definir el ajuste para 2026, pero lo hace en un contexto de sistemática ofensiva antisindical. Mientras se abre formalmente el diálogo, acciones judiciales, regulatorias y represivas debilitan la capacidad negociadora de los trabajadores, favoreciendo la postura empresarial de postergar cualquier aumento.