La nueva política migratoria acorta la vigencia de los permisos de trabajo de cinco años a solo 18 meses, exigiendo renovaciones más frecuentes con un costo de hasta $520. Expertos anticipan demoras procesales y pérdidas masivas de empleos, ya que no habrá extensiones automáticas. La medida afecta especialmente a comunidades hispanas y se suma a restricciones de viaje para ciudadanos de Cuba, Venezuela y Haití, en un contexto de aumento del desempleo que podría agravarse.