El diputado Carlos Alarcón afirmó que se identificó un daño económico estimado en 355 millones de dólares al Estado, producto de ilegalidades en al menos 12 contrataciones vinculadas a Botrading y operaciones de crudo, diésel y gasolina. Señaló sobreprecios, pagos pese a adjudicaciones anuladas, adendas que superan el 10 permitido por ley —incluido un contrato que pasó de $us 31 millones a $us 274 millones— y el uso de múltiples intermediarios, que habría generado pérdidas presentadas como ganancias.