Luego del reciente asesinato de la jueza colombiana, Gloria Constanza Gaona Rangel, quien llevaba el caso del homicidio de tres niños a manos de miembros del Ejército, se demuestra que el Gobierno de Bogotá no ofrece protección ni garantías a aquellos juristas que luchan y defienden los derechos humanos (DDHH), afirmó este lunes la abogada de las víctimas de la localidad de Tame, Departamento de Arauca (norte), Olga Silva.