En el caso de la mina Espinar, en Perú, que ya tiene 30 años de operación, las comunidades y las provincias de la zona demandan dos cosas fundamentales, la primera es una investigación profunda y que se actúe respecto a los daños ambientales de la zona, ya que existe alta concentración de arsénico y mercurio y en segundo lugar un cambio en las condiciones económicas ya que la mina tiene un convenio en el cual aporta un tres por ciento de sus utilidades a acciones sociales en la provincia y quieren que eso se incremente explicó Pedro Francke, miembro del movimiento Tierra y libertad